Nomenclador Discapacidad 2025: Aumentos Insuficientes y Ley Incumplida

Nomenclador Discapacidad 2025: Aumentos Insuficientes y Ley Incumplida

Discapacidad: El Aumento del Nomenclador 2025 Genera Indignación

El reciente anuncio del Gobierno sobre la actualización del nomenclador de discapacidad para 2025 ha desatado una ola de críticas y protestas por parte de organizaciones y prestadores del sector. La actualización, que oscila entre el 29% y el 35%, ha sido calificada de insuficiente y, lo que es aún más grave, se denuncia que incumple con la ley de Emergencia votada por el Congreso.

Según las organizaciones del colectivo de discapacidad, la ley establecía un piso de aumento del 70%, lo que deja en evidencia una brecha significativa entre lo prometido y lo concretado. Esta situación ha generado un profundo malestar y la sensación de que el Estado se está retirando de su responsabilidad de brindar soluciones a las personas con discapacidad.

La actriz Vanina Bassi, referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, calificó la situación como "repugnante". La falta de cumplimiento de la ley de Emergencia agrava aún más la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias y prestadores que dependen de estos fondos para brindar una atención adecuada.

¿Qué implica este incumplimiento?

  • Menor acceso a servicios de calidad para personas con discapacidad.
  • Dificultades financieras para los prestadores, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios.
  • Desconfianza en las políticas públicas destinadas al sector.

El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializaron la actualización, pero las críticas persisten. Se espera que en los próximos días se intensifiquen las movilizaciones y reclamos por parte de las organizaciones y familias afectadas.

Escándalo ANDIS: En medio de esta controversia, resurgen cuestionamientos sobre la gestión de la ANDIS. Si bien no directamente relacionado con este anuncio, las denuncias de corrupción que involucran a exfuncionarios y presuntas comisiones ilícitas, incluso vinculando indirectamente a figuras del gobierno actual, como Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentina, generan aún más desconfianza en la administración de los fondos destinados a la discapacidad. Es crucial que se investiguen a fondo estas acusaciones para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos.

La comunidad de personas con discapacidad y sus familias esperan una respuesta urgente y efectiva por parte del gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley y brindar el apoyo necesario para una vida digna e inclusiva.