16 Mil Uniformados Excluidos del Voto en Misiones: ¿Qué Implicaciones Tiene?
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El Tribunal Electoral de Misiones ha oficializado una decisión que impacta significativamente en el próximo proceso electoral provincial: la exclusión de aproximadamente 16 mil miembros de las fuerzas de seguridad del derecho al voto. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial y detallada en un extenso suplemento especial, afecta al personal de la Policía Provincial, el Servicio Penitenciario, fuerzas de seguridad federales y el Ejército.
¿Quiénes Están Afectados?
La resolución del Tribunal, integrada por su presidente Cristian Benítez y los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, especifica que los siguientes grupos no podrán votar en las elecciones del 8 de junio, donde Misiones renovará parcialmente su Legislatura:
- Policía Provincial
- Servicio Penitenciario
- Policía Federal
- Policía de Seguridad Aeroportuaria
Fundamento Legal de la Decisión
El Tribunal Electoral basa su decisión en el artículo 48° inciso 10° de la Constitución Provincial, que establece que “No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Esta disposición constitucional restringe el derecho al voto para este sector de la población.
Impacto en el Padrón Electoral
Con un padrón electoral de 1.002.188 personas habilitadas para votar, la exclusión de estos 16 mil uniformados representa aproximadamente el 1,6% del total. Si se considera la participación habitual en las urnas, que ronda el 70%, el impacto de esta medida podría ser aún mayor, generando debate sobre la representatividad y la legitimidad del proceso electoral.
La decisión ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre la interpretación de la Constitución Provincial y los derechos civiles de los miembros de las fuerzas de seguridad en Misiones. El debate se centra en si esta restricción es necesaria para garantizar la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral o si, por el contrario, representa una limitación injustificada de sus derechos como ciudadanos.