16 Mil Uniformados de Misiones Excluidos de las Elecciones Provinciales

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Un giro inesperado sacude el panorama electoral de Misiones. Aproximadamente 16 mil miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo personal de la Policía Provincial, el Servicio Penitenciario, fuerzas federales y el Ejército, han sido excluidos del padrón electoral para las próximas elecciones provinciales del 8 de junio.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El Tribunal Electoral de Misiones oficializó esta medida, basándose en el artículo 48° inciso 10° de la Constitución Provincial, que restringe el derecho al voto de los miembros activos de las fuerzas armadas y de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, ha generado un debate sobre la participación ciudadana y los derechos políticos.

El listado de los afectados requirió la publicación de un suplemento especial de 285 páginas, evidenciando la magnitud de la exclusión. Del total, cuatro páginas corresponden a la resolución del Tribunal del 19 de mayo, mientras que las restantes 281 detallan los nombres de los 16 mil ciudadanos impedidos de votar.

Impacto en el Proceso Electoral

Con un padrón electoral de 1.002.188 personas, la exclusión representa aproximadamente el 1,6% del electorado. Aunque parece un porcentaje pequeño, su impacto podría ser significativo considerando que la participación electoral en la provincia suele rondar el 70% del padrón. La medida ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía y las fuerzas políticas.

¿Qué se elige el 8 de junio?

En estas elecciones, Misiones renovará parcialmente su Legislatura unicameral y los concejos deliberantes de los municipios. La exclusión de un sector importante de la población plantea interrogantes sobre la legitimidad y representatividad del proceso electoral. El Tribunal Electoral, presidido por Cristian Benítez y compuesto por los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, defendió la medida argumentando que se ajusta estrictamente a la Constitución Provincial.

La decisión ha abierto un debate sobre la necesidad de revisar o actualizar la legislación electoral para equilibrar la seguridad del proceso democrático con los derechos políticos de todos los ciudadanos. El 8 de junio, los misioneros deberán acudir a las urnas en un contexto marcado por esta controversia.