El Ayuntamiento de Albal ha anunciado que está listo para distribuir los 600.000 euros pendientes de las ayudas recibidas por la Fundación Amancio Ortega en respuesta a la dana (desastre ambiental causado por lluvias intensas y olas). Este dinero, destinado a comunidades afectadas por el fenómeno, está en espera de un proceso de evaluación para garantizar que llegue a quienes más lo necesitan.
Según informes recientes, el gobierno local ha comenzado a elaborar las bases para el reparto, pero el grupo político Compromís ha presentado una moción formal ante el pleno del ayuntamiento para exigir que se publique el listado completo de beneficiarios. ¿Por qué este proceso genera controversia?
¿Por qué el reparto genera dudas?
La controversia se debe a que el alcalde de Albal, quien ha sido blanco de críticas por el retraso en la distribución, ha admitido que el proceso de evaluación está en curso. El grupo Compromís alega que el bloqueo temporal de los fondos ha afectado a familias que ya han demostrado su necesidad, como las comunidades de propietarios y ascensores dañados por la dana.
- El grupo Compromís sostiene que el proceso tardío puede afectar a familias que ya han presentado solicitudes por el daño causado por la dana
- El Ayuntamiento afirma que el reparto se realizará en breve, una vez terminado el proceso de evaluación
- La Fundación Amancio Ortega ha destacado que el dinero es para beneficiar a comunidades que ya han sido identificadas como afectadas
El contexto es relevante en una región donde el problema de la dana ha impactado a numerosas comunidades. Según datos de la Comarca, más de 1.500 hogares han sido afectados por el evento, y el reparto de fondos es clave para garantizar que las familias no queden en situación de vulnerabilidad.
El alcalde de Albal ha respondido que el proceso está en marcha y que el tiempo necesario para la evaluación es clave para evitar errores. «Es fundamental que cada familia sea evaluada para garantizar que el dinero llegue a quienes lo necesitan más», explicó en un encuentro privado con representantes de las comunidades afectadas.
El tema también ha generado debates sobre la transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras el Ayuntamiento asegura que el proceso es riguroso, Compromís insiste en que el listado debe ser público para evitar malos usos. Este conflicto refleja una situación común en municipios afectados por desastres naturales: la necesidad de equilibrar rapidez y precisión en la distribución de recursos.
