Impuesto Inmobiliario Rural Bonaerense: ¿Incertidumbre para el Campo?

La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su profunda preocupación por la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, particularmente en lo que respecta a las modificaciones propuestas para el Impuesto Inmobiliario Rural. En un contexto ya complicado por las inundaciones que afectan a la región, la SRA advierte sobre la incertidumbre que genera la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en la definición de este impuesto clave para el sector.

¿Qué preocupa a la Sociedad Rural?

La SRA argumenta que el proyecto de ley traslada facultades esenciales al Ejecutivo, lo que crea un marco de inseguridad jurídica que impacta directamente en la previsibilidad necesaria para la producción agropecuaria. Uno de los puntos más controvertidos es el Artículo 133, que permitiría al Ejecutivo intervenir en las valuaciones sin criterios claros ni una hoja de ruta consensuada, excluyendo la consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva.

Modificaciones que afectan la planificación

Otro aspecto criticado es el Artículo 167, que autoriza a modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando la capacidad de planificación de los productores. Además, el esquema de bonificaciones carece de porcentajes establecidos por ley, lo que genera aún más incertidumbre.

La SRA insta a la Legislatura provincial a asumir su responsabilidad constitucional y definir con precisión los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La entidad considera que la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial crea un escenario de inseguridad normativa que perjudica al sector agropecuario.

En resumen, la Sociedad Rural Argentina reclama mayor certidumbre y transparencia en la definición del Impuesto Inmobiliario Rural, instando a la Legislatura a garantizar que el tributo se establezca con criterios claros y consensuados, protegiendo así la previsibilidad y la competitividad del campo bonaerense.