Emergencia Pediátrica y Universitaria: Cacerolazo contra Milei

La tensión social se intensifica en Argentina tras las decisiones del gobierno de Javier Milei de suspender las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Organizaciones sociales, gremios, estudiantes y familias afectadas se movilizaron masivamente a Plaza de Mayo y en diversas ciudades del país en señal de protesta. La medida, calificada como un "revés inconstitucional", ha generado un clima de indignación y preocupación ante el posible impacto en la salud infantil y la educación superior.

Repudio generalizado y denuncia penal

La protesta no solo se limitó a la movilización en las calles. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan anunció la presentación de una denuncia penal contra Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Salud Mario Lugones, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al suspender la ley de Emergencia Pediátrica. La acción legal busca responsabilizar al gobierno por las consecuencias que esta medida podría tener en la atención de niños con enfermedades complejas.

El testimonio de las familias afectadas

Luciana Corasaniti, madre de una niña con una enfermedad autoinflamatoria rara atendida en el Garrahan, expresó su impotencia ante la situación. Destacó el esfuerzo de las familias y los profesionales de la salud para lograr la aprobación de la ley y advirtió sobre el riesgo de que más profesionales renuncien si no se garantiza el financiamiento adecuado. "No podemos darnos el lujo de que renuncien más profesionales. Son los trabajadores que atienden a nuestros hijos, que los estudian en profundidad, que saben manejar patologías poco frecuentes", afirmó.

Un reclamo unificado

La protesta en Plaza de Mayo reunió a tres sectores clave: la salud pediátrica, la educación universitaria y la atención a personas con discapacidad. Todos ellos se ven afectados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei. Los manifestantes exigen la implementación inmediata de las leyes suspendidas y advierten sobre el impacto negativo que la falta de financiamiento tendrá en la calidad de los servicios y la vida de miles de personas.

El cacerolazo y las movilizaciones reflejan un creciente descontento social y anticipan nuevas jornadas de protesta en defensa de la salud y la educación pública.