¡Justicia! Estado deberá pagarle a la fiscal Goyeneche: ¿Qué pasó?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Estado provincial deberá asumir los costos legales derivados del proceso judicial que involucró a Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue destituida de manera irregular en 2022. Esta decisión marca un nuevo capítulo en una saga legal que ha captado la atención pública.

¿Qué implica esta resolución?

La resolución de la Corte implica que el Estado deberá cubrir las costas judiciales, incluyendo tasas, costos de notificación y otros gastos asociados al proceso, así como los honorarios de los abogados que representaron a Goyeneche. Aunque los montos específicos aún no han sido determinados, se resolverán en una etapa posterior.

Este fallo se produce después de que el máximo tribunal anulara la destitución de Goyeneche en diciembre de 2024, reconociendo la irregularidad en su remoción. La exfuncionaria judicial había liderado investigaciones significativas contra el ex gobernador Sergio Urribarri, quien fue condenado en 2022. La decisión original no abordaba el tema de las costas, lo que llevó a Goyeneche a presentar una solicitud adicional.

Fundamentos de la Corte Suprema

En la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte recordó que, según el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las costas generalmente se imponen a la parte vencida, a menos que existan razones para apartarse de esta regla, lo cual no ocurrió en este caso. Por lo tanto, el Estado entrerriano deberá asumir la totalidad de los gastos incurridos durante el extenso proceso.

Esta decisión beneficia directamente a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, se ha ordenado la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.

Este caso pone de relieve la importancia de la independencia judicial y la necesidad de garantizar que los funcionarios públicos no sean removidos de sus cargos de manera arbitraria, especialmente cuando están involucrados en investigaciones de corrupción de alto perfil.